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Pepe Bienvenida / La suerte suprema

miércoles, 21 de enero de 2015

Mundotoro: ¿Acaso no es un delito? Editorial del 20 de enero de 2015



“LOS PODERES PUBLICOS GARANTIZARAN LA CONSERVACION Y PROMOVERAN EL ENRIQUECIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y ARTISTICO DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA Y DE LOS BIENES QUE LO INTEGRAN, CUALQUIERA QUE SEA SU REGIMEN JURIDICO Y SU TITULARIDAD. LA LEY PENAL SANCIONARÁ LOS ATENTADOS CONTRA ESTE PATRIMONIO”.

¿Acaso no es un delito? Editorial del 20 de enero de 2015 


España no es un Estado confesional. España es un país aconfesionalsegún la Constitución. Es decir, no admite una religión oficial en concreto, aunque tiene relaciones administrativas con alguna religión, como el caso de la católica, mayoritaria en el país. Un estado laico es aquel que es independiente de cualquier confesión u organización religiosa. Además, las administraciones no tienen relación firmada con ninguna. 

Según la Ley 18/2013 de 12 de noviembre, que hace del toreo Patrimonio Cultural de los Españoles, España es un país cuyo Gobierno y Administración deben velar por su libre desarrollo y fomento. Una obligatoriedad por imperativo legal y Constitucional, pues la Carta Magna obliga a los gobiernos y administraciones a velar por su Patrimonio Cultural. Es decir, que España vendría a ser, en lo taurino, un país 'confesional'. Por esa misma razón el propio Estado y sus administraciones, deberían velar por su desarrollo y futuro.

Pero esta 'confesionalidad' constitucional jamás se ha llevado a efecto.Hoy, igual que ayer y que siempre en nuestra historia, vivimos la gran paradoja de ser, al mismo tiempo cultura oficial y legal que debe ser protegida y, sin embargo, la manifestación tradicional y cultural más torpedeada, atacada, impedida y perseguida de todas las que se desarrollan en España. ¿Se imaginan un Estado confesional cuyos gobiernos y administraciones permiten la persecución de esa confesión? Pues el ejemplo sirve.

El toreo sólo necesita exigir un derecho a sus Gobiernos: que haga cumplir la ley. Nada más. No necesita subvenciones ni ayudas de “papá Estado”. Ha de exigir con firmeza que se cumpla la ley, el derecho que nos da la ley y la Constitución. La seguridad jurídica para existir en el futuro que hoy no tiene la tauromaquia.

Esta dejación histórica, este incumplimiento grave de nuestros derechos Constitucionales (cumplidos sin embargo en Francia y en Colombia) ha de ser el discurso enérgico y diario de toda la Tauromaquia, público y aficionados incluidos, cada día y cada hora. Porque los distintos gobiernos, central y autonómicos, han metido la mano en el toreono desde el punto de vista de la afirmación legal de un derecho y una libertad, sino sólo desde el punto de vista de reglamentos y recaudaciones.

Este espectáculo agraviado y perseguido a espaldas de la Constitución, ha sido la segunda actividad que más dinero ha dejado en las arcas públicas tras el fútbol. Entre el IVA otros impuestos y las rentas de pisos de plazas, entre costes y gastos administrativos, de cien euros facturados, las administraciones han ingresado unos 39 euros. Ese afán recaudatorio ha sido el papel más significado del poder público en el toreo. No la vigilancia de su libre derecho constitucional a existir.

Recaudar y reglamentar. Ese es el papel actual de las administraciones en este país confesionalmente cultural/taurino según la ley. Pero al político y al administrador, no se le exige nada. Ni siquiera el derecho a vivir, a existir. La certeza de que viviremos. Nos preguntamos : ¿Qué actividad puede crecer y desarrollarse sin la seguridad jurídica de su existencia a medio plazo? ¿Qué derecho amparado por la Constitución es un derecho si los que han de proteger este derecho y libertad sólo regulan y recaudan? 

No necesitamos administración ni administradores. No necesitamos una política castrista, intervencionista, un vigilancia de tutela recaudatoria de país bananero. ¿Acaso no apelan a la Constitución éste y otros gobiernos y muchos partidos, a la hora de afrontar problemas como el secesionismo catalán? ¿Acaso la Constitución no es el primer y último argumento de todo debate social, político y económico? ¿Y la tauromaquia? ¿Acaso somos ciudadanos de segunda? ¿Acaso nuestros derechos lo son?

Todas las administraciones recaudatorias de este país están deslegitimadas para ello desde el momento que los gobiernos de quienes dependen no observan nuestro derecho constitucional. No necesitamos administradores. Necesitamos libertad. No necesitamos más normativa que la Ley y la Constitución.

Nos preguntamos más: ¿acaso no es un delito que un partido político ofrezca en su programa electoral que va a prohibir un Patrimonio Cultural amparado por la Constitución? Si no lo es, que nos lo expliquen. Porque entonces resultará que tenemos dos o tres o cuatro Constituciones. O que somos ciudadanos de segunda. O que les importamos un bledo, menos nuestro dinero. No necesitamos administradores de nuestra inseguridad. No necesitamos recaudadores de impuestos. Necesitamos que nuestros impuestos y tasas nos den derecho a ser ciudadanos de primera.

Esto dice nuestra Constitución (artículo 46, Capítulo tercero del Título I: De los Derechos y Deberes Fundamentales):

“LOS PODERES PUBLICOS GARANTIZARAN LA CONSERVACION Y PROMOVERAN EL ENRIQUECIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y ARTISTICO DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA Y DE LOS BIENES QUE LO INTEGRAN, CUALQUIERA QUE SEA SU REGIMEN JURIDICO Y SU TITULARIDAD. LA LEY PENAL SANCIONARÁ LOS ATENTADOS CONTRA ESTE PATRIMONIO”.