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Pepe Bienvenida / La suerte suprema

sábado, 11 de noviembre de 2017

El Gobierno interpone un recurso de inconstitucionalidad contra los 'Toros a la balear'



Pide al alto tribunal que suspenda cautelarmente la normativa del Pacto que prohibió la sangre y muerte del astado en las corridas en las islas.

El Consejo de Ministros acordó ayer recurrir al Tribunal Constitucional la ley de toros de Balears, casi cuatro meses después de que el Parlament aprobara esta normativa que prohibe expresamente maltratar y matar al astado en los espectáculos taurinos. El recurso del Gobierno central se esperaba desde el mismo día de la aprobación de la normativa balear. Aquel 24 de julio, durante el debate en la Cámara balear, el diputado popular Miquel Jerez ya advirtió de que esta Ley era "carne de Tribunal Constitucional" y dejó claro que los populares pedirían amparo al alto tribunal, vaticinando que les "dará la razón". La Ley salió adelante con el apoyo del PSIB, Més y Podemos y el voto en contra del PP, Ciudadanos, El Pi y las dos diputadas expulsadas de Podemos, Xelo Huertas y Montserrat Seijas.

El portavoz del Gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, informó ayer de la presentación de este recurso contra determinados preceptos de la norma, acompañado de la petición para que el alto tribunal suspenda cautelarmente la aplicación de la ley.

La portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa, afirmó que aunque no comparte la opinión del Gobierno central, no considera que el recurso sea una "intromisión política" por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En este sentido, precisó que "hay una normativa" que permite esta medida para que "quien considere que debe hacerlo, la utilice", por lo que el Govern "respeta" que el Gobierno central entienda que debe presentar este recurso.

"Ley consensuada"

No obstante, Costa dejó claro que el Ejecutivo balear "defenderá ante los tribunales esta Ley", de la que recordó que "fue aprobada por el pleno del Parlament tras ser consensuada" entre los partidos del Pacto. Costa efectuó estas declaraciones tras el Consell de Govern, cuando aún el Gobierno central no había anunciado su decisión aunque ya se daba por hecho que sería uno de los acuerdos que adoptaría ayer el Consejo de Ministros.

Méndez de Vigo explicó que entre los argumentos del recurso está el que Balears no tiene competencias específicas de protección de animales en su Estatut d'Autonomia. Añadió que la normativa, a juicio del Gobierno central, incumple determinados preceptos de leyes estatales de patrimonio inmaterial y tauromaquia.

El acuerdo por el que se solicita el recurso cuenta con el preceptivo informe favorable del Consejo de Estado y hace expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución para que se produzca la suspensión de dicha ley autonómica, según informó el ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El Gobierno considera que la Ley balear invade o menoscaba competencias estatales que regulan las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes. También entiende que invade competencias estatales en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; de la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español; así como en las de seguridad pública.

El Ministerio recordó que el Tribunal Constitucional dictó en 2016 una sentencia sobre la Ley catalana de protección de los animales, indicando que "es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural".

El precedente de Cataluña

Precisamente la Ley balear fue la vía que encontró el Pacto para sortear los límites que suponía la sentencia del Constitucional que tumbó la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. En esta sentencia el Alto Tribunal afirmaba que las autonomías tienen competencias para regular los espectáculos y proteger a los animales, pero no para prohibir la tauromaquia ya que, al estar declarada patrimonio cultural, invade competencias estatales.

El Pacto se agarró a la posibilidad de regular los espectáculos taurinos, que sí aceptaba el Constitucional, para impedir la muerte del astado. Así, la ley balear no prohíbe las corridas de toros, aunque les impone tales condiciones que su práctica en las islas tiene poco que ver con lo que ha sido este espectáculo.

Tras el anuncio del recurso, colectivos en defensa de los animales y contra la muerte y el sufrimiento de los mismos en las corridas de toros dejaron claro que no ven "razón objetiva" para declarar inconstitucional la ley balear y lamentan que se "siga apostando por las lidias con toda su crueldad".

Fente a ellos, la Fundación Toro de Lidia se mostró satisfecha al considerar que el recurso es "el único camino" para defender"la tauromaquia y el Estado de Derecho. "Esta postura que ha adoptado el Gobierno es el único camino ya no solo para defender la tauromaquia sino para defender el Estado de Derecho y el imperio de la ley", dijo José Miguel Soriano, abogado de la Fundación Toro de Lidia.