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Pepe Bienvenida / La suerte suprema

jueves, 2 de noviembre de 2017

YA ERA HORA..: Prisión incondicional para Junqueras y siete exconsejeros de la Generalidad de Cataluña




La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y para siete exconsejeros, mientras que ha impuesto una fianza de 50.000 euros al exconsejero Santi Vila para poder eludir la cárcel.


De este modo, la juez asume por completo la petición de la Fiscalía y envía a la cárcel por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva a Junqueras y los ocho exconsejeros que han comparecido este jueves investigados por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos.

Según han informado fuentes penitenciarias, Junqueras irá a la cárcel de Estremera(Madrid VII), al igual que el exconsejero de Interior Joaquim Forn.

El exresponsable de Presidencia Jordi Turull y el de Asuntos Internacionales Raül Romeva ingresarán en la prisión de Valdemoro (Madrid III), mientras que el de Territorio Josep Rull lo hará en Navalcarnero (Madrid IV).

Carles Mundó, que era consejero de Justicia, irá a la cárcel de Aranjuez (Madrid VI) junto con Santi Vila, exresponsable de Empresa, quien saldrá si deposita una fianza de 50.000 euros, pues es el único para el que no se ha decretado prisión incondicional.

Dolors Bassa (Trabajo) y Meritxell Borrás (Agricultura) serán conducidas a la cárcel de Alcalá Meco (Madrid I).

La juez ha apreciado alta probabilidad de riesgo fuga porque “tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permita abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero”.

Alude así Lamela a la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont y de otros cuatro exconsejeros a Bruselas para los que la Fiscalía ha pedido a la juez que dicte las correspondientes órdenes europeas de detención y las dirija a las autoridades belgas para que pongan a estos cinco investigados a disposición de la Justicia, solicitud que la magistrada aún no ha resuelto.

“En este punto basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”, destaca el auto.

Para evaluar el riesgo de fuga, la juez tiene también en cuenta la gravedad de las penas a la que se exponen los investigados en esta causa porque “a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de huir”.

En este sentido el auto recuerda que “los querellados se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por el delito de rebelión, quince año de prisión por el delito de sedición, y ocho años” por el de malversación que además “puede ascender a diez años en caso de que se haya producido falseamiento en la contabilidad”.

También Lamela observa en su auto un alto riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las “actividades delictivas descritas se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años” desde que comenzó en 2015 la andadura del desafío separatista en Cataluña.

Dice Lamela que los investigados “vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia”.

Todos ellos jugaron “un papel activo impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñando y franqueando toda clase de barreras” que pudieran desviarles de su última finalidad.

“La acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional” relativas al proceso secesionista, añade.

Para argumentar la prisión incondicional indica también que se aprecia alta probabilidad de que los querellados puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace pocos días.

A lo largo del auto, Lamela desgrana el papel de cada uno de ellos en cada paso del llamado ‘procés’ a lo largo de estos dos últimos años hasta culminar en la declaración de independencia en el Parlamento catalán que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, produciendo el cese de todo el Ejecutivo y la disolución de la Cámara autonómica.

Al contrario de lo que sucedía en el Supremo, que ha suspendido a petición de las defensas la comparecencia como investigados por los mismos hechos de la presidenta del Parlamento regional Carme Forcadell y de 5 miembros de la Mesa, en la Audiencia Nacional ninguna de las partes ha pedido la suspensión de la toma de declaraciones, a excepción de Turull, al que se le ha denegado porque la petición no la ha hecho su letrado.
El referéndum fue financiado ‘deliberadamente’ con fondos públicos

La juez Carmen Lamela destaca en su auto de prisión contra nueve exconsejeros del Gobierno catalán que la planificación, organización y celebración del referéndum del 1-O fue financiado “con fondos públicos” que fueron “deliberadamente” destinados para este propósito.

En el auto, Lamela recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional todas las partidas presupuestarias en las cuentas de la Generalidad en el caso de que se destinaran a la celebración del referéndum.

Pese a ello, señala, “los querellados han hecho posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto no ya contrario a Derecho, sino constitutivo de delito” al vulnerar la resolución del TC.

“Habiendo preordenado los gastos para la consumación de un acto delictivo, cabe afirmar que los gastos generados han sido deliberadamente y ab initio destinados a un fin radicalmente ajeno a la función pública“, precisa la magistrada.

Y añade que con esta actuación los exconsejeros se desviaron “deliberadamente del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial de la comunidad autónoma de la que eran responsables”.

Los Mossos espiaron a la Policía y a la Guardia Civil

Los Mossos de Esquadra “llegaron a espiar” las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional el 1-O para alertar a los congregados en los colegios de su llegada, según afirma la juez de la Audiencia Carmen Lamela en los autos de prisión por rebelión del exvicepresidente Oriol Junqueras y ocho exconsejeros.

Según relata Lamela en sus autos, “en la gran mayoría de los casos, la actitud mostrada por los Mossos de Esquadra fue pasiva, manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir incluso en los casos en los que los miembros de la Guardia Civil eran agredidos“.

De hecho, añade la juez, en algunos casos, agentes de los Mossos llegaron “a increpar e incluso enfrentarse a alguno de los agentes de la Guardia Civil que en el ejercicio de sus funciones se encontraba en el lugar”.

Además “se impulsaron acciones de rechazo por parte no sólo de las instituciones -catalanas-, sino de forma multitudinaria por la sociedad civil, alentada por los propios querellados en contra de los funcionarios de la Policía y Guardia Civil destacados en Cataluña”.

Hace así alusión la magistrada, al igual que hacía la Fiscalía en sus querellas, a los episodios de acoso a los que han sido sometidos los agentes allí desplazados para impedir el referéndum y que provocó la salida de varios grupos de guardias civiles y policías de los lugares en los que se habían alojado ante la presión de los separatistas.

Recuerda también Lamela cómo “la declaración de independencia impulsada por los querellados llevaba anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos de Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio” que ello representaba.

A este respecto hace referencia a unas declaraciones que hizo el pasado 11 de octubre el exconsejero de Interior Joaquim Forn, uno de los nueve que ha ido este jueves a prisión por rebelión y quien, al ser preguntado si habría un enfrentamiento entre Mossos y Guardia Civil y Policía, manifestó: “Si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política no habrá colisión entre policías”.

En julio, y con respecto a la celebración del referéndum ilegal, Forn también expuso en un diario catalán que los Mossos “permitirían” votar “con tranquilidad” y el 29 de septiembre, en un diario digital, insistió en que los agentes de la Policía catalana “cumplirán la Ley y permitirán votar el 1-O”.

También, señala el auto, en los planes separatistas se barajaba el papel que los Mossos habrían de desempeñar “en el Estado independiente”, “planteándose incluso la posibilidad de conferirles funciones de seguridad externa y/o defensa“.

Antes de admitir la querella de la Fiscalía por rebelión contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros 12 exconsejeros, la juez investigaba en esta misma causa por el delito de sedición al que fuera mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, al que rechazó meter en la cárcel como le pidió el fiscal y le impuso medidas cautelares más leves, entre ellas la entrega del pasaporte.

Hasta el momento, por esta causa sólo estaban en prisión desde el 16 de octubre los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, cuyos recursos solicitando la puesta en libertad serán estudiados este viernes por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.